Francisco Talep, abogado, sobre el Acuerdo de Unión Civil en Universidad UNIACC: “No es una ley mala, es muy mala”

Enero 18, 2018 12:26 pm Por Deja tus comentarios
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Para el abogado Francisco Talep, el  Acuerdo de Unión Civil o Ley 20.830, es un ejemplo de “leyes para la galería. Es decir, existe una presión social, a propósito de un tema cualquiera, legislamos, ponemos urgencia, y resolvemos, independientemente que el fondo sobre lo cual se va a legislar pueda ser o no trascendente (…) El problema es que si usted va a legislar, hágalo bien”.

El 11 de enero, en Avenida Salvador 1200, Providencia, el profesional compartió con estudiantes de la Escuela de Derecho de Universidad UNIACC la conferencia “Alcances civiles del Acuerdo de Unión Civil”, actividad que también fue transmitida por streaming.

La ley fue promulgada el 13 de abril de 2015 y se publicó en el Diario Oficial el 21 de abril del mismo año. En su artículo 1°, especifica que el acuerdo de unión civil “es un contrato celebrado entre dos personas que comparten un hogar, con el propósito de regular los efectos jurídicos derivados de su vida afectiva en común, de carácter estable y permanente. Los contrayentes se denominarán convivientes civiles y serán considerados parientes para los efectos previstos en el artículo 42 del Código Civil. Su celebración conferirá el estado civil de conviviente civil”.

En visión de Talep, Magíster en Derecho y especialista en Derecho de Familia, Derecho Sucesorio y Responsabilidades Contractuales, “esta no fue una ley fácil en cuanto a su promulgación. Hubo discusiones tremendas, particularmente desde el punto de vista valórico. Pero lo que surgió es, desde una perspectiva de técnica jurídica, pésimo (…) no es una ley mala, es muy mala”.

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La directora de la Escuela de Derecho de Universidad UNIACC, Pamela Hermosilla (a la izquierda), y el abogado Francisco Talep, durante su conferencia en Universidad UNIACC.

Una norma resuelve un caso social concreto, abstracto, para toda la gente. Pero cuando se legisla mal, en vez de resolver y provocar una situación de seguridad jurídica, es todo lo contrario”, aseguró. “Yo creo que uno debe legislar de manera más transversal y no hacerse eco de grupos de presión, a propósito de una legislación, sea cual fuere ésta”.

Por ejemplo, Talep criticó que la ley mencione que se trata de “un contrato celebrado entre dos personas que comparten un hogar”: “El Código Civil contempla la expresión ‘domicilio’, ‘habitación’, ‘residencia’. Yo podría preguntar qué es el hogar”.

Igualmente, el abogado criticó que la ley especifique en su texto “su vida afectiva en común, de carácter estable y permanente”, puesto que “¿Cómo una norma va a regular cuánto una persona, desde esa perspectiva afectiva, se entrega para con el otro? ¿Qué es una relación ‘estable’ y ‘permanente’? ¿Un día? ¿Una semana? ¿Un mes? (…) No tiene sentido. ¿Quién lo va a fiscalizar? (…) Es imposible para el oficial del registro civil cerciorarse”.

Los principales objetivos de este acuerdo de unión civil son dos: ayuda mutua y solventar los gastos de la convivencia, de acuerdo con la fuerza del patrimonio de los contrayentes (…) Si en el artículo primero me dice que este es un contrato, y el principal efecto que tiene este contrato es la ayuda mutua y solventar los gastos comunes, les pregunto, ¿qué tipo de contrato es? ¿Es un contrato patrimonial o un contrato de familia? ¡Es patrimonial!”, expresó.

¿Cuál era el objetivo? Que las personas que ejercieron la presión para que se legislara querían involucrar el afecto o querían involucrar el contrato no en una perspectiva patrimonial, sino que en una perspectiva de familia. Y es así como se les entrega a los (…) jueces de familia, en virtud de lo que señala el artículo 22, que esto va a ser reglamentado o va a estar circunscrito a las normas de los Tribunales de Familia”, relató.

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Para Talep, la idea de generar una comunidad “suena hermoso para una pareja (…) El Código Civil cuando trató la comunidad nunca las miró con buenos ojos y por una cuestión práctica muy potente: administrar, gestionar y obligar a una comunidad es súper difícil (…) Tomar decisiones de a uno es complicado; tomarlas de a dos, es terrible”.

Sobre los alcances de la ley, el abogado aseveró: “Vaya usted a tramitar la declaración de bienes familiar con respecto a una pareja del mismo sexo, vaya a cualquier tribunal de familia. La acción para la declaración de un bien familiar le corresponde a un cónyuge no propietario. Y estos, de partida, no son cónyuges. No se da el primer elemento esencial para que se pueda solicitar válidamente, con alguna opción. ¿Para qué (el redactor de la ley) lo puso? ¿O lisa y llanamente no tenía idea de cómo funcionaba esto? (…) Esto no les va a servir (…) Hiciste algo malo para tener que dictar otra ley que lo corrija”.

¿Dónde esta ley sí resuelve un tema importante? ‘Cada conviviente civil será heredero intestado (…) y legitimario del otro’ (…) Pudo haber dicho: tendrá los derechos sucesorios equivalentes al cónyuge sobreviviente, y con eso bastaba (…) Ocurría antes que se dictara esta norma que había personas que pasaban toda su vida juntos y que sin embargo, no existía la posibilidad para que el vínculo matrimonial desapareciera, y aparecía que esta persona, que había estado toda su vida con su pareja, no tenía ni un derecho. En ese sentido, esta norma es buena”, destacó.

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